Avances y desafíos en materia de seguridad social en la Argentina

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"Por Lic. Gustavo Yllanes (especial para Argentina23.com) "Tomando en cuenta lo expresado en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre de 1948: “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social,” en la última década se ha tomado especial conciencia, tanto en los niveles de decisión de las políticas públicas como en la población en general, de la importancia decisiva de la Seguridad Social en la construcción de una sociedad más justa e inclusiva.
En 2001, en medio de la crisis que vivía la Argentina, existía cerca de un 25% de la población desocupada, casi un 50% de adultos mayores sin cobertura previsional y 56% del total de la población en situación de pobreza, con casi un cuarto de la población en situación de indigencia, y un 60% de los trabajadores no registrados.
Desde 2003 el gobierno nacional desarrolla un fuerte cambio en el modelo macroeconómico del país, transformando la matriz existente basada en la acumulación financiera en un esquema de fortalecimiento de lo productivo, con inclusión social. Este cambio produjo resultados inmediatos y sustentables, un crecimiento ininterrumpido en los últimos 8 años, creación de 5 millones de puestos de trabajo, disminución de casi el 40% del trabajo no registrado, recuperación del poder adquisitivo del salario y una notable mejoría general de todos los índices e indicadores sociales.
Los programas sociales son instrumentos de las políticas sociales, son la aplicación operativa de la solución pensada para una problemática detectada. El programa concreta de manera instrumental los acuerdos logrados entre los protagonistas comprendidos en la formulación de este tipo de políticas.
Si tratamos de enumerar algunas de las acciones políticas más significativas, se pueden mencionar los cambios producidos en materia previsional, que se conocen como “Reforma de la Reforma al Sistema de Previsión Social”: En diciembre de 2004 se sanciona la Ley 25.994 —conocida popularmente como la ley de la jubilación anticipada—- que empezó a regir en enero de 2005. Esa ley fue complementada un año después con el dictado del Decreto 1454/05, el cual reglamentó la Ley 24.476 del año 1994. Ambos marcos normativos significaron la incorporación de más de un millón y medio de nuevos jubilados.
Estas leyes facilitaban la incorporación de aquellas personas que, encontrándose en estado de desocupación a diciembre de 2004, registraban todos los aportes al sistema requeridos, pero les faltaban hasta cinco años de edad para adquirir derecho al beneficio previsional. También podían hacerlo quienes teniendo la edad cumplida al 30 de Abril de 2007 o con anterioridad, les faltaban aportes al sistema.
Esos aportes podían ser completados por medio de la moratoria establecida en la Ley 25.865 y en las condiciones dadas hasta julio de 2004, y quienes cumpliendo la edad antes de la derogación del régimen (30 de Abril de 2007), completaren los aportes anteriores al 30 de septiembre de 1993 en las condiciones indicadas también por la Ley 24.476 y el Decreto 1454/05.
Es decir, aquellas personas que, producto de las privatizaciones de la década de los noventa, se quedaron fuera del mercado laboral, siendo aún jóvenes para jubilarse pero “viejos” para obtener trabajo, luego de toda una vida de esfuerzo, o aquellas personas que teniendo la edad para jubilarse no habían completado la totalidad de los aportes requeridos, pudiéndolo hacer mediante la moratoria prevista en la Ley 24.476.
El Poder Ejecutivo Nacional en febrero de 2007 envió un proyecto de ley al Congreso para reformar el Régimen Previsional, que fue sancionado el 28/2/2007 y se transformó en la Ley 26.222 (B.O. DEL 8/3/2007). Esta nueva ley introdujo más cambios significativos en favor de los beneficiarios.
Con la sanción de la Ley Nº 26417 se logró la sistematización de un esquema de movilidad jubilatoria que permite el cálculo en marzo y en septiembre de cada año, del incremento que debe aplicarse sobre los beneficios del sistema, situación que no se daba desde 1995.
Impacto de los cambios en la políticas sociales
Si queremos mencionar el impacto de estas políticas sociales, debemos tomar en cuenta que, por ejemplo, el Plan de Inclusión Previsional implementado en 2005 permitió la incorporación al sistema de personas que se encontraban excluidas como resultado del desempleo y el empleo informal. De esta forma, se logró la recuperación de la tasa de cobertura pasiva al permitir que cerca del 90% de la población en edad de jubilarse cuente con un beneficio.
El reconocimiento del derecho a la pensión para parejas del mismo sexo, la mejora constante en la liquidación de sentencias judiciales, la reducción de los tiempos de pago de las prestaciones, la Asignación Universal por Hijo y por Embarazo para Protección Social, por ejemplo, son también acciones y decisiones políticas implementadas a partir de necesidades sociales, y del fuerte compromiso del gobierno nacional con la inclusión de los sectores de la población más desprotegidos, e históricamente más olvidados.
En cuanto a la Asignación Universal, sus resultados en términos cuantitativos indican que redujo entre 55 y 70% los indicadores de indigencia, redujo la desigualdad entre los que ganan más y los que ganan menos ubicando a la Argentina como el país mas igualitario de América Latina. También ha tenido un poderoso impacto en la reducción de los índices de pobreza, aunque menor a lo esperado, o inicialmente planificado.
Y en términos cualitativos no pueden negarse las mejoras en el cuidado de la salud de las embarazadas y los niños; y en la permanencia y regreso a la escuela de los menores beneficiados por el programa.
Pero teniendo en cuenta que este tipo de programas sociales tienen ciertas limitaciones, deben ser integrados con otros que apunten a la autosuficiencia de las familias, y no a una dependencia permanente de los planes. Por ello la iniciativa de “Argentina Trabaja”, (y otras similares) deberían promoverse como un complemento de los planes de asistencia.
Otra área a la que se ha dado especial énfasis es la relacionada a las Pensiones No Contributivas (PNC). Este es un programa asistencial destinado a mitigar los problemas relacionados con la pobreza, que en los últimos años ha crecido de 175.000 beneficiarios en 2003, a cerca de 700.000 en la actualidad, basado en una decisión del gobierno nacional de no poner topes presupuestarios a la asignación de estos beneficios, que hoy están a disposición de todos los que cumplen con los requisitos para obtenerlos, principalmente madres de 7 o mas hijos, y personas discapacitadas.
Grupos sociales destinatarios de la políticas sociales
Principalmente para el crecimiento de las prestaciones de seguridad social se han determinado los grupos sociales más vulnerables de acuerdo a varios criterios: por segmentos etáreos: niños y ancianos; por características sanitarias: discapacitados e incapacitados para el trabajo; y por características económicas: pobres e indigentes.
Tareas pendientes para el futuro inmediato
Siguiendo el criterio de la “Jerarquía de Necesidades” de Abraham Maslow[i], tras cubrirse las necesidades básicas o primarias de supervivencia aparecen nuevas necesidades de mayor nivel. En la actualidad, a pesar de los grandes e importantes avances realizados en seguridad social, creo que existe un aspecto más en el que hay que avanzar: el acceso a una vivienda y a condiciones dignas de habitabilidad.
La vivienda es el lugar de refugio que necesitan las personas para protegerse, resguardarse de las inclemencias del tiempo, preservar su intimidad, y en la mayoría de los casos, representa el lugar de asentamiento no solo de personas individuales sino de núcleos familiares, estructuras básicas del cuerpo social. Es una necesidad humana de segundo nivel, pero tan básica como el alimento, el abrigo o el descanso.
La Constitución Argentina y diversos instrumentos internacionales reconocen el derecho a la vivienda, como el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que en su artículo 11 dice “…el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados…”, también se halla enumerado entre los Derechos del Niño (artículo 27 de la Convención), en el artículo 5 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial y en la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (art.14).
La Recomendación 115 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la vivienda de los trabajadores y sus familias que se desplazan dentro de la comunidad, exhortó a los estados miembros a no discriminar a los trabajadores extranjeros en la adjudicación de viviendas otorgándoles las que se consideren normales en ese lugar.
Las Naciones Unidas han implementado conferencias sobre este tema, como Hábitat I, en 1976 que tuvo como sede a Vancouver (Canadá) donde se les reclamó a los estados que arbitren urgentes soluciones al problema habitacional. En 1996 se repitió la experiencia con Hábitat II, esta vez con sede en Estambul, donde se declaró a la vivienda como derecho humano fundamental reconociéndose el gran papel de las ONG (organizaciones no gubernamentales) con un gran rol en la solución del problema.
Casi todas las personas poseen vivienda, como lugar donde vivir (aunque muchos viven en la calle, en gravísima situación de riesgo) lo que dista mucho de suponer que la mayorías de la gente posea una vivienda digna. Este derecho está consagrado en la Constitución de la Nación Argentina, entre los derechos sociales incorporados en la reforma de 1957, por el artículo 14 bis, pero aún es un deseo incumplido, más que un derecho garantizado. Esta imposibilidad de contar con una vivienda propia o alquilada, va de la mano con la pobreza, que a su vez está íntimamente relacionada con la falta de trabajo o el trabajo precario. Argentina cuenta con aproximadamente 2.000.000 de viviendas que podrían considerarse no dignas.
¿Qué es una vivienda no digna? Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de la Argentina (INDEC) son viviendas precarias de zonas rurales, los ranchos, con techos de paja, pisos de tierra y paredes de adobe, y las casillas de chapa de las ciudades, los conventillos y los inquilinatos, donde no hay resguardo de la intimidad, y se comparten por ejemplo, los baños entre varias familias, y las viviendas móviles, como habitar en casas rodantes, o vagones de ferrocarril. Asimismo, las villas de emergencias asentadas en terrenos fiscales son un grave problema social, ya que junto a familias de trabajadores, se mezclan personas que viven al margen de la legalidad.
Para hablar de vivienda digna, además de tratarse de casas de material, deben contar con las mínimas condiciones sanitarias para preservar la salud de sus moradores, como provisión de agua potable o servicio de desagüe cloacal.
Siguiendo con los datos de los censos que brinda INDEC, muchas personas son dueñas de la edificación pero no del terreno donde han sido construidas las viviendas, pues por el costo de los terrenos han edificado en tierras fiscales, o en lugares donde los dueños estaban ausentes, en estos casos, muchas veces las mismas viviendas son usurpadas, por estas personas sin techo.
Otro grave problema del déficit habitacional es el hacinamiento, que el INDEC considera crítico cuando más de tres personas comparten una habitación dentro de la vivienda.
Conclusiones:
Pese a los faltantes, la Argentina ha implementado cambios significativos en las políticas sociales que han permitido inclusión e igualdad para la mayor parte de los argentinos, orientado especialmente a los sectores mas desprotegidos. El reconocimiento de los valores humanos de igualdad, y una economía social cuyo objetivo es que todos puedan verse beneficiados (y no solo los mas aptos) ha ubicado a nuestro país a la vanguardia de los cambios a nivel internacional, e incluso en un ejemplo a seguir para muchos países donde se profundizan las desigualdades.
El próximo gran desafío, que ya ha sido explicitado por la Presidenta y su candidato a vice Amado Boudou, es que todos puedan verse incluidos a través de un trabajo digno, de modo tal que los planes sociales como la Asignación Universal por Hijo vayan desapareciendo por falta de demanda y no por decisión gubernamental.
El otro gran desafío de la seguridad social en Argentina es avanzar en las áreas que todavía presentan déficits, como por ejemplo el acceso a la vivienda digna. Pero de eso hablaremos en el próximo editorial..."


(Texto adaptado. Basado en contenido web)