La necesaria agenda de reformas a la legislación financiera

Una serie de leyes y medidas gubernamentales tomadas en Argentina hasta 1973 permitía operar una especie de ingeniería legal y económica que estaba destinada a regular el mercado financiero y el flujo de capitales, pero la dictadura se encargó de deshabilitar y desmantelar la misma. Hoy, en un contexto de crecimiento económico a nivel local, y de crisis profunda a nivel internacional, debe ser parte de una agenda urgente reformar la carta orgánica del BCRA, la ley de servicios financieros y la ley de inversiones extranjeras.

Sin embargo, siguiendo la siempre vigente bifurcación entre “lo urgente y lo importante”, el G-20 realizado en la ciudad de Cannes no ha sido capaz, una vez más, de abordar de lleno los temas que se encuentran pendientes en la agenda internacional y que, al menos como problema, son de unánime reconocimiento.

Según Tiempo Argentino: "El jueves pasado la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, en su discurso frente a empresarios y funcionarios del mundo entero, reclamó una política para abordar los problemas que surgen de lo que caracterizó como “el anarcocapitalismo”. Lo describió como un capitalismo rehén de la especulación de los mercados financieros y alejado de la producción y el consumo, es decir, de la economía real.
Las idas y vueltas del gobierno griego de Papandreu alrededor de la convocatoria al referéndum popular para decidir la aceptación del paquete de rescate propuesto por la troika y su propuesta de dimisión generaron malestar e incertidumbre entre los principales gobiernos de la UE que suspendieron el paquete y alteraron la agenda preestablecida en el G-20.
De este modo, no se ha avanzado en consensuar los lineamientos de una reforma de las instituciones financieras que, en definitiva, oficie de punto de partida y sostén para una solución sostenible hacia la infinita crisis del sistema bancario europeo y las deudas soberanas. Abordar seriamente el problema, claro, implicaría afectar intereses muy poderosos.
La preocupación de Cristina y su exigencia a los líderes mundiales para que avancen en una regulación efectiva del sistema financiero resulta de los primeros efectos que esa misma crisis está mostrando en la región. La especulación financiera y la volatilidad se empiezan a manifestar en la fuga de capitales de nuestro país y en las acciones especulativas contra el valor del peso en el mercado cambiario. Ambos procesos ya han motivado medidas prácticas por parte del gobierno, que han involucrado al Banco Central, al Ministerio de Economía y hasta la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
Según un estudio de Ramiro Castiñeira, de la consultora Econométrica, “la formación de activos externos del sector privado en lo que va del año ya es de U$D 22 mil millones, lo que a fin de año superaría el récord del 2008”.
Tiempo Argentino consultó a economistas sobre la raíz de ambos problemas, el alcance de las medidas adoptadas y la agenda de reformas pendientes de resolución en lo que hace a la regulación de los mercados y capitales en el país.
EL ORÍGEN. Los economistas coinciden en no identificar la raíz del problema en una mala percepción de la economía local ni por la supuesta inseguridad jurídica que reinaría en estos lares.
Gabriel Holand de HR Global asegura que “las casas matrices radicadas en Europa y Estados Unidos repatrían todo lo que pueden porque tienen un agujero en sus balances. No están pensando en crecer sino en no hundirse”.
Por su parte, Julio Gambina, del Consejo Directivo de CLACSO, coincidió en que “el problema no está en los pequeños y medianos inversores. El problema central es la Remesa de Utilidades al Exterior (RUE) de empresas que ganan cuantiosas sumas en nuestro país y compensan las pérdidas ocurridas en los países de origen (estimadas en 4500 millones de dólares). Allí debe buscarse la causa principal de la llamada ‘fuga de capitales’”.
Para Alfredo García, economista jefe del Banco Credicoop, ofrece un análisis más fino: “Lo que está pasando es que se incrementó la dolarización de la economía, que es muy distinto a una fuga de capitales. La compra de dólares tiene como destino las cajas de seguridad. Aparecen fuera del balance de pagos, pero están en el país.”. De hecho, para el economista, en realidad “el tipo de cambio multilateral sigue teniendo un buen nivel de competencia”.
MEDIDAS. Según García las medidas tomadas por el gobierno como el decreto 1722/11 son “conceptuales, una señal de que va a haber un mayor control sobre los movimientos de divisas”. En rigor, aclara, “las petroleras y mineras venían liquidando en los últimos años entre el 70 y el 80% de las divisas”. Julio Gambina asegura que “el gobierno aspira a su reinversión en el país” y a “mantener el colchón abultado en divisas como forma de enfrentar cualquier ataque especulativo”.
Con todo, el economista de CLACSO sostiene la necesidad de “ir más allá y revisar el tema de las concesiones por la explotación de los hidrocarburos y recuperar su soberanía; del mismo modo que con el régimen minero”.
EXPERIENCIA INTERRUMPIDA. La legislación heredada de Martínez de Hoz, caracterizada por una baja autonomía respecto al mercado financiero externo y una débil intervención del Estado en la creación y dirección del crédito, es el resultado del desmantelamiento de la arquitectura jurídico-financiera montada por José Ber Gelbard en el año 1973. La misma se caracterizaba por recuperar la autonomía financiera en base al control estatal del comercio exterior de granos (principal generador de divisas) y un fuerte control de cambios. Con esas medidas de centralización se conseguía la determinación local de la tasa de interés. Implicaba, además, la centralización del manejo del crédito en el BCRA. Aquella nacionalización y garantía de los depósitos equivalía, tecnicamente, a un aumento de los encajes hasta el 100%.
LAS TAREAS. Para Alfredo García existe una “agenda de reformas a la legislación que no ha sido tenida en cuenta por la herencia de la concepción neoliberal” que, según precisó, están asociadas a “la profundización del modelo actual y parten de las leyes de la dictadura y de la década del 90’ como la reforma a la ley de entidades financieras, y a la carta orgánica del Banco Central para que amplíe sus misiones y pueda atender asuntos que hacen al desarrollo con inclusión social.”
Gabriel Holand, sin embargo, sugirió que se trata de una utopía al preguntarse: “¿qué es lo que se pretende? ¿poner un fin social en el mundo capitalista en el que vivimos? ¿cómo se hace eso?” Para el economista de HR Global, la tarea que está planteada “es resolver el problema de la inflación” para que el dólar no continúes desvalorizándose. Según indicó, la forma más adecuada sería “meter la mano en la bolsa de los que más tienen.” Para Gambina, “los controles, para funcionar, requieren de participación social, algo bastante alejado de un sistema bancario y financiero extranjerizado. Revertir esa estructura de poder económico involucrando la participación popular es lo que puede hacer efectivo cualquier control”.
Y hoy, aunque pueden existir visiones distintas, y opiniones diversas, lo cierto es que el actual contexto requiere una serie de respuestas y señales firmes y urgentes, las cuales seguramente vendrán a muy corto plazo de parte de un gobierno nacional que ha demostrado no huir de las grandes decisiones, ni temerle a los contextos difíciles, sobre todo después de un 23 de octubre donde se vió ampliamente fortalecido por la decisión popular, que le ratificó su confianza y puso en manos de la Presidenta la responsabilidad de profundizar el modelo de inclusión nacional y popular, en detrimento de los sectores mas concentrados de la economía, los cuales siguen defendiendo a ultranza medidas neoliberales a pesar del fracaso de las mismas a nivel mundial...

(Texto adaptado. Basado en contenido web)